SOFIA ZANOTTIEl ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a la salud mental de los efectivos policiales tras la reciente tragedia de un agente que se autolesionó con su arma reglamentaria. En ese marco, afirmó que se trata de un problema estructural y remarcó que “sin policías en condiciones, no hay política de seguridad posible”.
Según explicó el funcionario, actualmente 560 efectivos se encuentran bajo seguimiento psicológico, con cobertura a través de IAPOS. Sin embargo, señaló con preocupación que alrededor de 460 abandonaron los tratamientos, lo que dificulta el acompañamiento sostenido. “Ser policía exige una cuota de evaluación personal que no todos pasan”, sostuvo.
Uno de los factores centrales que mencionó Cococcioni es el desarraigo. Durante años, la fuerza reclutó mayoritariamente personal del norte provincial para cubrir funciones en el sur. “Ese viaje eterno, pasar francos arriba de un colectivo y lejos de la familia, termina generando trastornos que no se resuelven solo con un psicólogo”, indicó.
Para revertir esa situación, el Gobierno provincial implementó cupos geográficos en el ingreso a la fuerza. Actualmente, el 70% de los nuevos cadetes proviene del centro-sur santafesino, cuando antes el 80% llegaba desde el norte. “Es una corrección necesaria para cuidar a quienes cuidan”, explicó.
Además, el ministro defendió el regreso del régimen de internado en la formación policial, al considerarlo una herramienta clave para detectar a tiempo situaciones de crisis. En ese sentido, precisó que durante el último año fueron desafectados 100 cadetes que no superaron las evaluaciones bajo presión. “Preferimos formar menos, pero mejor preparados”, afirmó.
Consultado sobre la incidencia de los salarios y las horas extras, Cococcioni fue prudente. Señaló que Santa Fe tiene sueldos competitivos en relación con otras provincias y aclaró que los casos relevados responden a causas personales y multicausales, no exclusivamente económicas.
De cara a febrero de 2026, el Ministerio de Seguridad apunta a mejorar el equipamiento —uniformes, chalecos y móviles— para evitar que los agentes deban afrontar gastos propios y, al mismo tiempo, reforzar los controles para garantizar que quienes portan un arma cuenten con la estabilidad emocional necesaria. “El bienestar del personal es nuestra prioridad”, concluyó.
