El asesinato de un remisero expuso fallas graves en la justicia y un sistema de seguridad debilitado. El intendente Vallejos apuntó directamente al gobernador por “abandonar” a la ciudad.
Política Sta Fe08 de abril de 2025
LORENA ACOSTA
El crimen de Juan Carlos Martínez, un remisero de 65 años brutalmente asesinado en la madrugada del sábado 5 de abril, conmocionó a la ciudad de Reconquista y encendió una fuerte polémica política. El intendente Amadeo Enrique Vallejos no tardó en responsabilizar públicamente al gobernador Maximiliano Pullaro por el vaciamiento de recursos policiales y la creciente inseguridad.
El hecho ocurrió cerca de las 3:10 de la mañana en la intersección de Iriondo y Constituyentes, acceso al barrio La Cortada. Martínez había tomado un viaje a través de la agencia “Cordial” y fue hallado sin vida junto a su Fiat Siena. El principal sospechoso, Joaquín Camilo Carrizo, fue rápidamente identificado y detenido luego de intentar escapar.
Carrizo cuenta con un historial delictivo extenso: más de una docena de causas, incluyendo robos, lesiones y ataques con arma blanca. Fue condenado en noviembre de 2023 por tentativa de homicidio, pero solo recibió dos años de prisión condicional gracias a un acuerdo judicial avalado por el fiscal Nicolás Maglier, el defensor público Orlando Toniolo y la jueza Claudia Bressán. El delincuente había sido arrestado días antes del crimen por un robo en la misma zona, pero volvió a ser liberado.
La situación desató la indignación del intendente Vallejos, quien difundió un comunicado en redes sociales con críticas directas al Gobierno provincial. “Hoy quedó claro, una vez más: nos están dejando solos. La Justicia se convirtió en una puerta giratoria”, expresó. Además, denunció el retiro de 250 efectivos policiales, el cierre de destacamentos barriales clave y la eliminación de la escuela de formación del ISEP en Reconquista.
La tensión se trasladó a las calles el domingo por la noche, cuando una multitud de vecinos marchó en silencio pidiendo justicia. Con velas encendidas y carteles en mano, los habitantes reclamaron mayor presencia del Estado y respuestas concretas.
“Basta de mirar para otro lado. Basta de regalar impunidad. A Reconquista no se la abandona”, sentenció el jefe comunal, visiblemente afectado.
El crimen de Martínez dejó al desnudo la fragilidad de un sistema judicial que libera reincidentes y una estructura de seguridad debilitada por decisiones políticas. Mientras tanto, el Congreso avanza en reformas al Código Penal que buscan limitar las libertades condicionales y reforzar la prisión preventiva, medidas que, en Santa Fe, aún no muestran resultados contundentes.
Este caso se suma a una serie de hechos violentos que han erosionado la tranquilidad histórica de Reconquista. La ciudad, de casi 90 mil habitantes, hoy demanda algo más que justicia: exige presencia estatal y un compromiso político real para recuperar la paz.
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