Gobierno sin Presupuesto 2025: ¿Qué implicaciones tiene para el país?

El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, decidió prorrogar nuevamente el presupuesto aprobado en 2023, una medida formalizada mediante el Decreto 1131/2024 y publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión se tomó luego de que el Congreso no lograra aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, dejando al Ejecutivo sin la herramienta clave para la planificación económica anual.

El decreto establece la vigencia de las disposiciones de la Ley 27.701, aprobada durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, y otorga al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la responsabilidad de adecuar el presupuesto prorrogado a las necesidades administrativas del próximo año. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales mientras se mantiene el equilibrio fiscal.

Mayor flexibilidad, pero menor transparencia
La prórroga de un presupuesto anterior ofrece al Gobierno mayor capacidad para reasignar recursos mediante decretos, un punto que genera controversia. Expertos como Daniel Artana destacan que esta situación otorga flexibilidad, pero también evidencia la falta de consensos en el Congreso. Nadin Argañaraz subraya que sin un nuevo presupuesto, las asignaciones recaen exclusivamente en el Ejecutivo, limitando la participación legislativa.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esta decisión al priorizar la estabilidad fiscal como base del modelo económico, a pesar de reconocer que un presupuesto aprobado habría enviado una señal positiva al mercado.

Impacto en la deuda pública y reformas estructurales
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 incluía medidas clave, como la flexibilización en el manejo de pasivos y la emisión de deuda por USD 3.500 millones para cubrir vencimientos. Sin embargo, con la prórroga del presupuesto 2023, estas modificaciones no podrán implementarse, obligando al Gobierno a buscar acuerdos legislativos por separado para avanzar en estos temas.

Además, el crecimiento nominal de los ingresos fiscales y la inflación acumulada ofrecen al Ejecutivo un margen cercano a $20 billones para 2025, según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, las dificultades para acceder a financiamiento externo debido al elevado riesgo país y las reservas negativas del Banco Central condicionarán las decisiones económicas.

A medida que avanza el año, el Ejecutivo enfrentará el desafío de equilibrar la flexibilidad que otorga la prórroga con la necesidad de transparencia y previsibilidad, en un contexto de alta demanda por reformas estructurales y control del gasto público.