LORENA ACOSTA
La lentitud del sistema judicial en Argentina ha sido una constante preocupación para quienes transitan los procesos legales, ya sea como demandantes, demandados o profesionales del Derecho. Más allá de las implicancias técnicas, estas demoras afectan directamente la salud mental de las personas involucradas, quienes experimentan estrés, ansiedad y un deterioro en su bienestar emocional.
De acuerdo con la Real Academia Española, la salud mental se define como un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas enfrentar momentos de estrés. Sin embargo, las características del sistema judicial, marcadas por retrasos, inacción y burocracia, contradicen este principio, sumiendo a las personas en un "limbo psicológico" que puede compararse al desgaste de una enfermedad crónica.
Los abogados, como intermediarios entre el sistema y sus clientes, también se ven afectados. El agotamiento profesional, conocido como burnout, es una realidad en su día a día, exacerbada por prórrogas interminables, audiencias reprogramadas y clientes que demandan respuestas ante la incertidumbre. Esta situación pone en riesgo su vocación y su bienestar emocional, convirtiendo el ejercicio de su profesión en una lucha constante contra el desgaste.
Por otro lado, las personas judicializadas enfrentan un estado de vulnerabilidad emocional que, en muchos casos, deteriora su salud física. La imposibilidad de dialogar directamente con los magistrados y la falta de soluciones rápidas agravan este panorama, afectando a todas las partes involucradas en los procesos.
La necesidad de una Justicia más ágil, consciente del impacto humano que genera cada retraso, es evidente. La verdadera justicia debe ser imparcial, rigurosa y, sobre todo, rápida para aliviar la carga que hoy representa para miles de argentinos.
