Diputados piden informes por una contratación de Cancillería vinculada a la esposa de Sturzenegger

Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados reclama al Gobierno nacional que envíe “en forma urgente y detallada” la información vinculada a una contratación aprobada por Cancillería para la capacitación en idioma inglés de su personal.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Roxana Monzón y apunta a la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, correspondiente a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25. En el texto se solicita el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento como excepción, bajo el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01.

Además, el pedido incluye fechas clave del proceso —convocatoria, apertura, adjudicación y emisión de la orden de compra— y la identificación completa del adjudicatario, junto con antecedentes contractuales con el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos diez años.

Según se detalla en los fundamentos, la contratación fue adjudicada por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por un período de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo equivalente. El acto administrativo habría argumentado que la entidad era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018.

En ese marco, el proyecto menciona la controversia pública generada a partir de publicaciones periodísticas que señalan que la asociación es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. También se señala que en las actuaciones administrativas se habría reconocido un “vínculo positivo” entre una directora de la entidad y el funcionario.

La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que restringe la concurrencia y competencia, y solicita conocer si existieron estudios comparativos o relevamientos que acrediten la inexistencia de otros prestadores idóneos en el mercado.

Finalmente, la diputada plantea la necesidad de garantizar transparencia y acceso público a la información, especialmente en el actual contexto fiscal, y pide que el Ejecutivo detalle los criterios, montos y fundamentos que respaldaron la contratación.