El Gobierno oficializó la reforma de la SIDE

El Gobierno nacional formalizó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a través del decreto 941/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, introduce nuevas competencias, redefine responsabilidades y amplía facultades que ya generaron cuestionamientos desde sectores de la oposición.

Según lo establecido, la SIDE continuará bajo la conducción de Cristian Auguadra y Diego Kravetz, y se consolida como el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional. La reforma implica una modificación integral de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, con el objetivo declarado de “centralizar, modernizar y reordenar” el funcionamiento del área.

A partir del decreto, la SIDE pasa a estar integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia. Si bien estos organismos contarán con autonomía técnica y funcional, todos responderán a la conducción política del titular del organismo.

Entre los cambios más relevantes, se redefine el rol de la ex Agencia de Seguridad Nacional, que pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con la misión de prevenir y detectar amenazas estratégicas internas. Además, se amplía el concepto de contrainteligencia e incorpora medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.

En materia tecnológica, el Ejecutivo diferencia la ciberseguridad —orientada a la protección de infraestructuras críticas— de la ciberinteligencia, centrada en el análisis de amenazas en el ciberespacio. En ese marco, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Otro punto central es la mayor concentración de atribuciones en la SIDE, que tendrá a su cargo la aprobación y el control del presupuesto de inteligencia y la supervisión de los gastos reservados. También podrá requerir información a organismos nacionales, provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando lo considere necesario.

El decreto dispone además la creación de dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), integrada por organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF; y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), conformada por ministerios y organismos civiles que aportarán información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.

En el área militar, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y se transfieren sus funciones al Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la autorización para que los organismos de inteligencia puedan proveer su propia seguridad y aprehender personas en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Este aspecto fue duramente cuestionado por referentes opositores.

En la fundamentación, el Gobierno remarca el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia, aunque reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o de influir sobre partidos, medios de comunicación u opinión pública.

La norma ya está en vigencia y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122.