Un operativo judicial permitió encontrar en Santa Fe una hacienda adquirida mediante maniobras fraudulentas. El caso involucra a un productor concursado que ya había sido investigado por una estafa millonaria anterior.
Policiales 11/04/2025
SOFIA ZANOTTI
El viernes 5 de abril, efectivos de la Patrulla Rural de Olavarría, junto a personal judicial, realizaron un importante allanamiento en un establecimiento ganadero de Berabevú, departamento Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe. En el lugar se hallaron 365 terneros Angus —negros y colorados— denunciados como parte de una operación fraudulenta.
Según detallaron fuentes del caso, la hacienda había sido entregada en febrero por una consignataria de Olavarría a un comprador habitual, bajo la promesa de pago en un plazo de 48 horas. Sin embargo, el productor nunca cumplió con el compromiso, y la empresa radicó la denuncia el 25 de marzo. El valor total de los animales supera los $300 millones.
Las investigaciones revelaron que el acusado se había presentado en concurso de acreedores en enero, omitiendo declarar la operación y declarando un pasivo de $180 millones, cuando las pruebas indican que la deuda real rondaría los $260 millones. Esta subdeclaración habría tenido como objetivo lograr mejores condiciones en el proceso judicial.
Además, trascendió que el productor ya había estado vinculado a una causa anterior por estafa en operaciones ganaderas, en la cual se habrían defraudado aproximadamente dos millones de dólares.
Durante el operativo en Berabevú, el dueño del feedlot sostuvo desconocer el origen irregular de la hacienda. Por decisión de la jueza de Garantías, Fabiana San Román, los terneros permanecerán en el establecimiento en calidad de depósito judicial mientras se sustancia la causa. La Justicia ahora deberá determinar si el feedlot actuó de buena fe o si participó deliberadamente en una maniobra de ocultamiento.
Este hecho generó preocupación en el sector agropecuario, donde las transacciones suelen respaldarse más por la confianza que por garantías formales. Representantes de cámaras ganaderas exigen ahora la creación de registros públicos de deudores concursados y herramientas de alerta temprana para prevenir nuevas estafas.
"Esto fue una operación montada con total premeditación. El productor conocía su situación financiera y aun así continuó comprando. Lo más grave es que ni siquiera lo declaró en el concurso. Nos sentimos absolutamente desprotegidos", expresó un vocero de la consignataria damnificada.
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