En un contexto de creciente deterioro en las rutas 33, 8 y 7 del sur santafesino, la reciente decisión judicial en Venado Tuerto marca un giro ante la falta de respuestas del gobierno nacional. La justicia ordena reparaciones urgentes, mientras la inseguridad vial se cobra vidas y el sueño de una autopista se desvanece.
Política Sta Fe31 de marzo de 2025
SOFIA ZANOTTI
El colapso de las rutas nacionales en el sur de la provincia de Santa Fe es una de las principales preocupaciones de los habitantes de la región. La conocida ruta 33, que había sido parte de un proyecto de autopista para reducir accidentes y mejorar la conectividad productiva, parece ahora estar condenada a una reparación básica. La propuesta de una autopista, que generó grandes expectativas, ha sido reemplazada por la promesa de un mantenimiento mínimo y urgente de las arterias viales.
Este cambio en las expectativas refleja el desencanto de una sociedad que, hace menos de un año, apostaba a una transformación vial estructural, y hoy se enfrenta a la resignación de que lo inmediato es, simplemente, que las rutas sean transitables. La situación parece irreal, pero el deterioro de las rutas 33, 8 y 7 se ha vuelto cada vez más evidente, y casi cinco meses después de la presentación del proyecto de la "Red Federal de Caminos", la única respuesta ha sido el aumento del deterioro.
En este contexto, la intervención judicial se ha convertido en la única respuesta tangible. En un fallo histórico, el juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) realizar reparaciones urgentes en los tramos más afectados de las rutas 33, 8 y 7. La resolución, que responde a un amparo presentado por la senadora Leticia Di Gregorio, obliga a la D.N.V. a implementar medidas inmediatas de bacheo, señalización y desvíos en los sectores más deteriorados.
El juez destacó la gravedad de la situación, afirmando que la omisión de mantenimiento por parte de la D.N.V. pone en peligro la seguridad vial y vulnera derechos fundamentales. En sus declaraciones, Cuello Murúa subrayó que la falta de inversiones no puede ser excusa para poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Además, señaló que la situación de las rutas ya no solo es una cuestión de infraestructura, sino de un compromiso moral con la vida y seguridad de quienes circulan a diario.
Este fallo se suma a otro reciente en el que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, también ordenó reparaciones inmediatas en la Ruta Nacional 11, luego de un amparo interpuesto por el exsenador Dionisio Scarpin. La crisis vial en Argentina, particularmente en Santa Fe, ha dejado en evidencia la falta de inversión estatal en infraestructura, lo que ha llevado a los ciudadanos a recurrir a la justicia para garantizar medidas urgentes.
En lo que respecta a la ruta 33, la situación ha alcanzado niveles alarmantes. Solo en los primeros tres meses de este año, ya se han registrado 15 muertes en accidentes de tránsito. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis y la urgente necesidad de un plan de reparación integral. Sin embargo, la escasa acción del gobierno ha hecho que la esperanza de ver una autopista en la región se desvanezca.
La resolución judicial es solo una medida temporal ante un problema de fondo: el deterioro estructural de las rutas nacionales. El gobierno nacional, que ha insistido en la falta de recursos para realizar obras públicas, enfrenta una creciente presión social. La falta de una solución definitiva genera un contexto de desesperanza, donde las medidas paliativas, como los parches en las rutas, parecen insuficientes para resolver la crisis.
Este panorama refleja un escenario de "ruleta rusa" en las rutas nacionales, donde la vida de los ciudadanos se pone en juego cada vez que se enfrentan a las peligrosas condiciones viales. A medida que la justicia interviene para exigir soluciones inmediatas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo se tomarán las decisiones necesarias para garantizar una infraestructura vial segura y moderna en Argentina?
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