El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, cuestionó la resolución del Gobierno Nacional que suspende todos los contratos de obras públicas de rutas, alertando sobre las graves consecuencias de la medida para la seguridad vial y el futuro de las rutas en el país.
Política Sta Fe13/03/2025
LORENA ACOSTA
El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, se refirió con preocupación a la reciente medida adoptada por el Gobierno Nacional, que a través de una nota de la Dirección Nacional de Vialidad, instruyó el cierre de todos los contratos de obras públicas para el mantenimiento y reparación de rutas nacionales. Enrico calificó esta decisión como una "estocada final" para las ya deterioradas rutas del país.
“Jamás en la historia del país se tomó una decisión semejante”, destacó el ministro santafesino, quien lamentó que las rutas nacionales, más de 40.000 kilómetros de infraestructura vial, se encuentren ahora sin ningún tipo de mantenimiento previsto. Entre las obras suspendidas se incluyen rutas clave como la 33, 11, 178 y 34, que son de vital importancia para la conectividad y la seguridad de los argentinos.
El funcionario advirtió que, además del abandono de la infraestructura, esta medida implica un grave riesgo para la seguridad vial. “Cada día, millones de argentinos transitan por estas rutas, que hoy son verdaderas trampas mortales”, subrayó Enrico. En Santa Fe, los accidentes son una realidad constante, con un saldo trágico de un muerto cada 19 kilómetros, según las estadísticas locales.
Enrico también criticó la desconexión del Gobierno Nacional con las realidades del interior del país, donde las rutas se encuentran en condiciones cada vez más precarias. En su intervención, insistió en la necesidad urgente de mantener e invertir en las rutas nacionales para evitar tragedias y garantizar la seguridad de quienes transitan a diario.
Para concluir, Enrico solicitó que, si el Gobierno Nacional no puede o no quiere hacerse cargo de la reparación de las rutas, las ceda a las provincias para que puedan implementar su propio esquema de mantenimiento y reparación. "No hay política de seguridad vial que funcione sin inversión en infraestructura", enfatizó.
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