La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, respondió con firmeza a las declaraciones del fiscal venezolano Tarek Saab, quien acusó al gendarme argentino Nahuel Gallo de participar en una conspiración internacional y se negó a dar detalles sobre su detención. Bullrich reclamó la liberación del gendarme, tachando las acusaciones de falsas y denunciando la violación de derechos fundamentales.
Política 31 de diciembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, expresó este lunes su contundente rechazo hacia las declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, quien en una entrevista exclusiva con Infobae negó informar sobre el paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño. Saab, además, acusó al efectivo de la Gendarmería Nacional de formar parte de una conspiración internacional, pero no brindó detalles sustanciales para sustentar su aseveración.
Bullrich calificó las palabras de Saab como “mentiras tras mentiras” y denunció la práctica de “tomar rehenes” para “protegerse de sus propios miedos”. En su intervención, la ministra destacó que los países libres no recurren a la detención arbitraria de personas para salvaguardar un régimen autoritario. “Este criminal habla sin fundamentos. Si Venezuela no quisiera retener a ciudadanos, podría poner un control de visa en lugar de cazar personas para sostener su régimen putrefacto”, aseguró.
La funcionaria argentina también cuestionó las críticas de Saab hacia los procedimientos de la Gendarmería Nacional, detallando que el gendarme detenido había cumplido con todos los trámites necesarios para su salida del país, incluyendo la presentación de documentación personal y sanitaria. "Lo único que hace este fiscal es perseguir a los ‘enemigos’ del régimen", expresó Bullrich, al referirse a lo que considera una estrategia de persecución política por parte del gobierno venezolano.
Sobre la situación de Gallo, Bullrich insistió en que las autoridades venezolanas deben liberar al gendarme de inmediato y respetar sus derechos humanos. “Si cometieron un error administrativo, que lo expulsen, no que lo desaparezcan”, agregó la ministra, advirtiendo sobre el peligro de que las dictaduras no respeten los principios del Estado de Derecho, fundamentales en democracias como la argentina.
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