Catorce prófugos de la justicia, entre ellos condenados y acusados en espera de juicio, fueron detenidos mientras intentaban mantener sus beneficios de pensión por discapacidad laboral. La medida fue parte de una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Política 26 de octubre de 2024
SOFIA ZANOTTI
En un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los ministerios de Salud, Justicia y Seguridad, catorce personas prófugas de la justicia fueron detenidas esta semana al presentarse para la revalidación de sus pensiones no contributivas por discapacidad laboral. La investigación surgió tras la detección de 131 prófugos que seguían cobrando este beneficio, otorgado por el Estado a ciudadanos que presentan condiciones de salud severas.
La estrategia implementada consistió en enviar notificaciones formales, solicitando la presencia de los beneficiarios para auditar sus condiciones médicas y confirmar la necesidad del subsidio. Entre los casos destacan individuos en prisión domiciliaria y otros con múltiples causas judiciales. La pensión, que representa un 70% de la jubilación mínima (unos $171.024,39 mensuales), era el incentivo que llevó a los detenidos a arriesgarse, pese a su situación irregular con la justicia.
De acuerdo con fuentes oficiales, la operación permitió detener a delincuentes con condenas por robo agravado, retraso mental con trastornos de conducta y otras condiciones de salud. El vocero presidencial Manuel Adorni comentó sobre el operativo: "Los parásitos se quedaron sin su huésped", haciendo referencia a los abusos detectados en el sistema de pensiones.
ANDIS confirmó que continúa la investigación y se implementarán controles más estrictos para detectar y detener a otros prófugos involucrados en fraudes similares. Este caso ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer las auditorías y los cruces de información entre las distintas áreas gubernamentales para evitar el uso indebido de recursos destinados a quienes realmente los necesitan.
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