Fiscalía suspende declaración de ex empleadas de Olivos en causa contra Alberto Fernández

La Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Ramiro González, decidió suspender la declaración de dos ex empleadas de la residencia presidencial de Olivos, en el marco de la causa en la que se investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Esta suspensión se dio como respuesta a un planteo de la querella de la ex primera dama, Fabiola Yañez, en el que se argumentaba una posible violación al deber de confidencialidad que los trabajadores firmaron al ingresar a laborar en la Quinta de Olivos.

En el escrito presentado por Mariana Gallego, abogada de Yañez, se cuestionó la legalidad de las declaraciones de actuales y ex empleadas propuestas por la defensa de Fernández, alegando que estas no habían sido relevadas formalmente del deber de confidencialidad. No obstante, dos de los testigos afirmaron haber sido relevadas por el ex presidente, aunque tal disposición no estaría documentada en la causa.

Ante estos hechos, el fiscal González decidió abrir un legado separado para determinar con claridad los alcances de la confidencialidad en cuestión y esclarecer los detalles sobre la confección de las actas presentadas por la defensa. Como parte de esta medida, el fiscal citó al escribano que certificó actas relacionadas con las exposiciones privadas de cinco testigos de la defensa, las cuales fueron selladas y posteriormente entregadas a la Justicia. Dicho escribano deberá presentarse hoy en la sede de la Fiscalía ubicada en Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Por otro lado, se confirma que el próximo martes 8 de octubre se realizará el peritaje del teléfono celular de Fabiola Yañez en España. El Ministerio Público de ese país será el encargado de extraer la información del dispositivo y remitirla a la Justicia argentina para su análisis, especialmente en lo referente a las comunicaciones entre Yañez y el ex presidente Fernández. Este trámite se llevará a cabo tras un exhorto emitido por el fiscal González, luego de que la Cámara Federal porteña rechazara el recurso de la defensa de Fernández, que se oponía a realizar la diligencia en el extranjero.

Los jueces de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, valoraron la realización del peritaje en España, señalando que los argumentos de la defensa no revelaban un perjuicio irreparable ni arbitrariedad en la medida. La Cámara también precisó que el teléfono celular no está en poder de la Justicia, sino de la víctima, por lo que la responsabilidad de asegurar la integridad de los datos recae en la etapa posterior a la recolección y durante el envío de la información.

La defensa de Fernández había argumentado que el peritaje debía realizarse en territorio argentino, con el fin de garantizar un mayor control sobre la cadena de custodia de los datos y evitar riesgos de manipulación o contaminación. Sin embargo, el tribunal demostró que los mecanismos propuestos por la Fiscalía en España eran adecuados para garantizar la inalterabilidad de la evidencia.