La reciente reglamentación de la reforma laboral en Argentina busca regularizar la situación de los empleados y ofrecer nuevos mecanismos de contratación y cese laboral, generando debate entre sectores políticos y sindicales.
Política 26 de septiembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
El gobierno nacional ha publicado en el Boletín Oficial la reglamentación de la reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta nueva normativa, a través del decreto 847/2024, introduce cambios significativos en el régimen de indemnizaciones, blanqueo de empleados y condiciones de contratación en el sector privado.
Uno de los puntos más destacados es la implementación de un blanqueo de impuestos al trabajo, diseñado para abordar el elevado nivel de informalidad en el mercado laboral argentino. Entre los beneficios, se contempla la condonación de hasta el 70% de la deuda por aportes y contribuciones patronales. Las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) podrán acceder a condonaciones aún mayores, llegando hasta el 90% en el caso de microempresas.
La nueva reglamentación también facilita la contratación de empleados independientes y establece un sistema de cese laboral basado en el acuerdo mutuo entre trabajador y empleadores. Este sistema reemplazará a la indemnización tradicional, permitiendo a las partes negociar condiciones que sean ventajosas para ambos. Las modalidades del cese incluirán un sistema de cancelación individual, un fondo de cese individual o colectivo, y un seguro de cese laboral, con aportes definidos por las partes involucradas.
Otro aspecto relevante de la reforma es la simplificación del proceso de registro laboral. A partir de ahora, el contrato de trabajo se considera registrado si el trabajador está inscrito en los sistemas de la AFIP, sin importar quién lo registre. Además, se invierte la presunción de contrato de trabajo en la contratación de obras o servicios, limitando la presunción de empleo en este contexto.
Con la ampliación del período de prueba de tres a seis meses, y la posibilidad de extenderlo hasta un año mediante convenios colectivos, el gobierno busca brindar a las empresas mayor flexibilidad en la contratación.
La reforma ha generado diversas reacciones en el ámbito político y sindical, con sectores opositores manifestando su preocupación sobre cómo estas medidas impactarán en la protección de los derechos laborales. El futuro del empleo registrado y las condiciones laborales en Argentina están en el centro del debate, mientras el gobierno defiende que la reforma facilitará el acceso a empleos formales.
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