En medio de un fuerte conflicto institucional, Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema. Su salida ocurre tras el rechazo del Senado a su pliego y una cautelar que limitaba sus funciones.
Política 07/04/2025
SOFIA ZANOTTI
El abogado y catedrático Manuel García Mansilla presentó este lunes su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tan solo 40 días de haber jurado el cargo. Su salida marca un nuevo capítulo en la controversia política y judicial que rodeó su nombramiento desde el primer momento.
La renuncia fue formalizada este mediodía mediante un escrito enviado al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Con su partida, la Corte vuelve a contar con tres integrantes activos: Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
García Mansilla había sido designado por el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el 25 de febrero pasado, bajo la figura de “juez en comisión”. Asumió el cargo el 27 de marzo, pese a no contar con el acuerdo del Senado, condición exigida por la Constitución para ejercer funciones judiciales plenas.
El conflicto se intensificó el viernes pasado cuando el Senado de la Nación rechazó su pliego —y el del juez federal Ariel Lijo— por amplia mayoría. Pocas horas después, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que le prohibía a García Mansilla ejercer funciones jurisdiccionales por un plazo de 90 días, hasta determinar la constitucionalidad de su nombramiento.
La acción fue impulsada por una presentación del abogado Jorge Rizzo y del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que el decreto presidencial violaba el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que impide ejercer funciones judiciales sin el acuerdo del Senado.
En paralelo, el Gobierno nacional defendió la designación. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió en que la Constitución no exige la renuncia en estos casos. Incluso el Ejecutivo presentó un recurso de "per saltum" ante la propia Corte para revertir la medida de Ramos Padilla, pero los demás jueces del tribunal no dieron señales de querer tratar el planteo.
Mientras tanto, la figura de García Mansilla quedaba cada vez más debilitada. A los cuestionamientos jurídicos se sumaron voces críticas desde el interior del propio Poder Judicial. Ricardo Lorenzetti, integrante del máximo tribunal, consideró que la designación por decreto era “inadecuada” y reafirmó la importancia de respetar los mecanismos institucionales.
La renuncia de García Mansilla no solo reconfigura temporalmente la Corte Suprema, sino que reabre el debate sobre el alcance del Poder Ejecutivo para designar jueces “en comisión” y el rol del Senado en validar o rechazar estas decisiones. También deja latente una pregunta crucial: ¿hasta dónde puede tensarse el equilibrio entre poderes sin afectar la institucionalidad?
Este episodio, de alto voltaje político, podría convertirse en un caso testigo para redefinir los límites constitucionales de los nombramientos judiciales en la Argentina.
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