Escándalo en las pensiones por discapacidad: revelan irregularidades en miles de casos en Argentina

Una auditoría del Gobierno y la Justicia descubre la concesión irregular de pensiones por discapacidad, involucrando a presos, fallecidos y personas en el extranjero. Las autoridades investigan el fraude en varias provincias.

Política 20 de septiembre de 2024SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno investiga las pensiones por discapacidad que fueron otorgadas en el final del mandato de Alberto Fernández.

Una reciente auditoría realizada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Justicia ha descubierto uno de los fraudes más alarmantes en torno a las pensiones por discapacidad en Argentina. Según los informes, más de la mitad de los 1.250.000 beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral habrían obtenido el beneficio de manera irregular.

Entre los hallazgos más sorprendentes se incluyen personas que recibieron pensiones sin padecer discapacidades, algunas de ellas cumpliendo condenas judiciales o viviendo en el exterior. La auditoría reveló, por ejemplo, que familiares de fallecidos seguían cobrando las pensiones, y que organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, habrían facilitado el acceso a estos beneficios a personas sin los requisitos correspondientes.

En un caso, un hombre que se encontraba en prisión recibió una pensión de manera exprés en solo 13 días, mientras que otro caso involucraba a una persona que asistió a la auditoría acompañada de un abogado, a pesar de no presentar ninguna incapacidad.

En la provincia de Chaco, uno de los principales focos de la investigación, se detectan certificados médicos falsificados que indicaban dolencias graves, aunque los beneficiarios no padecían ninguna de ellas. En el municipio de Taco Pozo, casi el 10% de la población obtuvo certificados de discapacidad laboral de manera fraudulenta, en muchos casos mediante pagos a intermediarios.

Las autoridades ya han comenzado a actuar, imputando a médicos, gestores y beneficiarios en diversas provincias, mientras el gobierno de La Libertad Avanza intensifica las auditorías para desmantelar este esquema de corrupción. Se estima que más de 60.000 personas podrían perder sus beneficios debido a incompatibilidades o fraudes en el sistema.

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