La Justicia provincial desestimó un nuevo recurso presentado por la Defensa Penal en representación de los ciudadanos de Rosario, confirmando la constitucionalidad de las identificaciones en la vía pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.
Santa Fe10 de septiembre de 2024
LORENA ACOSTA
La Justicia de la provincia de Santa Fe rechazó un nuevo habeas corpus y desestimó el planteo de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Orgánica Policial en relación con las facultades de la Policía para realizar identificaciones en la vía pública. El recurso, interpuesto por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), buscaba impedir que los ciudadanos de Rosario fueran demorados para verificar su identidad sin indicios concretos de participación en hechos ilícitos.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Rafael Coria consideró que aceptar este recurso crearía un desequilibrio entre los derechos de los ciudadanos de diferentes localidades. Según el magistrado, una decisión favorable hubiera permitido que solo los habitantes de Rosario evitaran ser demorados, generando una desigualdad con respecto a otras zonas de la provincia.
La normativa en discusión es el Artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial, modificada en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Esta ley permite la detención temporal de personas hasta que se confirme su identidad, siempre que existan sospechas de que puedan estar involucradas en actividades delictivas o se nieguen a identificarse. El período máximo de demora es de seis horas.
El juez Coria, apoyado en fallos previos de otros jueces provinciales y de la Corte Suprema provincial, aseguró que las políticas de identificación en la vía pública forman parte de una estrategia integral del gobierno para reducir los índices de violencia en la ciudad.
Por su parte, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, María Florencia Blotta, destacó que la resolución reafirma la constitucionalidad de estas políticas de seguridad, que incluyen controles vehiculares y peatonales como parte de un plan más amplio de prevención del delito.
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