Los líderes indígenas rechazan el diálogo con el gobierno. Nelson Castro, El Corresponsal, cubre las protestas en Quito.
País11 de octubre de 2019
Oscar A Canavese
Líderes indígenas mantienen secuestrados a ocho policías en Quito para exigir el fin de la represión policial a las protestas que -desde hace una semana- sacuden al país a raíz de las medidas económicas decretadas por el presidente Lenín Moreno.
Los uniformados, entre ellos una mujer, fueron mostrados por los manifestantes sobre la tribuna de la Casa de la Cultura, en Quito, donde los indígenas están concentrados tras protagonizar una gran movilización el miércoles por las calles de la capital.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del país, rechazó el diálogo con el gobierno y llamó a "radicalizar las acciones" de protesta, tras una semana de manifestaciones que dejan cinco muertos y cientos de detenidos y heridos.
Los líderes indígenas advirtieron además que, si la Policía irrumpe en las instalaciones con gases lacrimógenos, no se responsabilizarán de lo que les pueda ocurrir a los seis agentes.
La retención de los agentes se da en momentos en que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se declaró "de luto" por la muerte el miércoles de un manifestante en las protestas, según confirmó la Defensoría del Pueblo.
Protestas contra el ajuste
El origen de la crisis es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4200 millones de dólares para el país.
El mandatario eliminó subsidios a los combustibles, lo que derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en la gasolina "extra" (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel "premium". La medida provocó el rechazo de sindicatos, indígenas y grupos sociales que se lanzaron a las calles desde el pasado jueves.
Ante las fuertes protestas, el Gobierno se mudó brevemente a Guayaquil y endureció el estado de excepción con un toque de queda. Restringió así por decreto la libertad de circular "en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas" entre las 20 y las 5 de la mañana.
El Gobierno argentino obtuvo US$ 1.000 millones para seguir sosteniendo tarifas “sociales” en electricidad y transporte, anunció el Banco Mundial.
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El Gobierno nacional, a través de un comunicado oficial, informó que avanzará con la desregulación del servicio de correos. Esta decisión, que apunta a promover la competencia y la digitalización, genera inquietud sobre su impacto en los servicios y la economía.
Un alarmante aumento del 40% en amparos contra empresas de medicina prepaga y obras sociales refleja la crisis de acceso a servicios de salud en el país. La Defensoría del Pueblo también reporta un 20% más de consultas en comparación con el año anterior.
El Ministerio de Economía estudia la posible disolución del Plan Procrear y planea subastar públicamente las viviendas en desarrollo, dejando en suspenso el acceso a la vivienda para millas de argentinos.
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El expresidente Jair Bolsonaro y 36 colaboradores son señalados por la Policía Federal brasileña por intentar mantener el poder tras su derrota electoral en 2022. Se enfrentan a posibles cargos por delitos graves, incluidos golpe de Estado y organización criminal.
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