El Gobierno revoca la jubilación de privilegio de Amado Boudou tras condena por corrupción

En un giro significativo en la política del Gobierno actual, este viernes se anunció la revocación de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, una decisión tomada días después de aplicar la misma medida contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, oficializada mediante una resolución, fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Boudou, quien se desempeñó como vicepresidente de la Nación entre 2011 y 2015, fue condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en relación con la compra irregular de la imprenta Ciccone a través de la empresa The Old Fund. Su condena fue ratificada en 2020 por la Corte Suprema, lo que implicó también la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Desde entonces, Boudou cumple su pena en prisión domiciliaria.

El beneficio jubilatorio que ahora le ha sido revocado consistía en una pensión vitalicia que superaba los 6 millones de pesos mensuales, asignada debido a sus años en la función pública. Según explicó Adorni, esta clase de beneficios no es contributiva, es decir, no proviene de aportes realizados por el beneficiario, sino que se otorgan como un reconocimiento excepcional al honor y buen desempeño en el cargo. La condena por corrupción, señalaron desde el Gobierno, va en contra de esos principios.

El presidente Javier Milei, desde Estados Unidos y a horas de una reunión con su homólogo electo Donald Trump, apoyó la medida con un mensaje en sus redes sociales: “El que las hace, las paga”. Desde la Casa Rosada no descartaron que esta medida pueda provocar apelaciones judiciales por parte de los afectados, y confirmaron que el equipo legal del Gobierno ya se encuentra preparado para enfrentar posibles reclamos.

El caso de Amado Boudou se suma al de Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente perdió su jubilación de privilegio tras la confirmación de una condena de 6 años de prisión por la Cámara Federal de Casación Penal, en la conocida Causa Vialidad. La ex presidenta aún cuenta con la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, fuentes cercanas al Gobierno indicaron que otras figuras que perciben beneficios similares y han sido condenadas por corrupción podrían verse afectadas por decisiones similares en el futuro próximo. El objetivo, según explicaron, es evitar que recursos del Estado beneficien a quienes hayan sido responsables de actos ilícitos durante su gestión pública.