El PRO repudia el voto de Argentina en la ONU contra la resolución para prevenir la violencia de género
El partido PRO, principal aliado del Gobierno, emitió un fuerte rechazo tras la votación en la Asamblea General de la ONU, donde Argentina fue el único país en oponerse a la resolución para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, especialmente en el entorno digital. La resolución, aprobada por 170 países, fue impulsada por una coalición de naciones que incluyó a Bolivia, México, Brasil y Suecia, entre otros.
Desde el PRO, que tiene a Mauricio Macri como presidente y a Fulvio Pompeo como secretario de Relaciones Internacionales, se afirmó que la votación en la ONU refleja una política exterior que no favorece a los intereses nacionales. En su mensaje, el partido indicó que "se trata de tener una política exterior equilibrada, sin caer en dependencias ideológicas".
La votación fue una de las más debatidas a nivel internacional, ya que, a pesar del consenso global, Argentina decidió alinearse en contra de un tema considerado prioritario para la protección de los derechos humanos, en especial la seguridad de mujeres y niñas en el entorno digital.
La resolución en cuestión, titulada “Intensificar los esfuerzos en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”, condena enérgicamente las diversas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo. Además, subraya la creciente problemática de la violencia en línea, instando a los países a fortalecer sus políticas y leyes para combatirla.
Argentina ya había mostrado una postura similar al rechazar en septiembre pasado el "Pacto del Futuro", otra iniciativa de relevancia internacional, lo que refuerza la imagen de un Gobierno dispuesto a desafiar consensos internacionales en temas de derechos humanos y relaciones exteriores.
Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei mantiene una línea diplomática que prioriza la autonomía del país en lugar de adherirse a agendas internacionales como la Agenda 2030 y la defensa de derechos colectivos.