Las centrales sindicales y distintas organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán frente al Congreso de la Nación para expresar su rechazo al proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La convocatoria se mantiene pese a que el Gobierno nacional retiró del texto el artículo que proponía flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
Desde sectores de la Confederación General del Trabajo confirmaron que participarán de la concentración prevista en las inmediaciones del Parlamento. La movilización comenzará durante el mediodía, antes del inicio de la sesión convocada para las 14.
También participará el Frente de Sindicatos Unidos, un espacio integrado por gremios distanciados de la conducción de la CGT. Sus dirigentes sostienen que el proyecto todavía contiene disposiciones que consideran perjudiciales.
Entre los puntos cuestionados mencionaron las modificaciones destinadas a acelerar los desalojos, las restricciones a la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego.
Según la postura de estos sectores sindicales, las reformas podrían afectar a inquilinos, comunidades indígenas, productores campesinos y ocupantes de terrenos o viviendas. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expresados por los convocantes y serán uno de los ejes de la protesta.
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también ratificaron su participación. Desde la UTEP señalaron que la convocatoria continuará vigente mientras no se anuncien nuevas modificaciones.
Las centrales obreras habían realizado el miércoles una conferencia de prensa conjunta en la sede de la CGT. Allí cuestionaron especialmente el capítulo referido a la extranjerización de tierras, que posteriormente fue retirado por el oficialismo ante la falta de respaldo legislativo.
Aunque ese apartado ya no será tratado, los gremios decidieron sostener la marcha porque rechazan el contenido general de la iniciativa.
El debate también tiene relevancia para el sur santafesino, una región vinculada de manera directa con la producción agropecuaria, el uso de la tierra y las regulaciones sobre inmuebles rurales. Cualquier modificación en esta materia podría generar impacto político, económico y social en localidades productivas de la zona.
