El Gobierno nacional suspendió temporalmente la desregulación de los servicios de practicaje y pilotaje, luego del conflicto que afectó durante varios días el ingreso y la salida de barcos en los puertos argentinos.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma también estableció la creación de una mesa de trabajo intersectorial y una reducción del 20 % en las tarifas vigentes del servicio.
El acuerdo permitió levantar la medida de fuerza iniciada por los prácticos y normalizar progresivamente la actividad en las terminales portuarias del país.
El conflicto se había originado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el área de Desregulación y Transformación del Estado. La normativa modificaba el reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina.
Según el Gobierno, el objetivo era eliminar exigencias consideradas obsoletas y facilitar el ingreso de nuevos prestadores. Sin embargo, los actuales trabajadores y empresas del sector rechazaron los cambios y comenzaron medidas de fuerza.
La protesta paralizó parte del comercio fluvial y dejó alrededor de 185 embarcaciones sin poder operar. De acuerdo con estimaciones difundidas durante el conflicto, las pérdidas podían alcanzar los US$100.000 diarios por cada buque afectado.
Ante la continuidad del paro, representantes del Ministerio de Seguridad convocaron a los principales actores del sector. Las negociaciones concluyeron con un acuerdo que contempla la reactivación de los servicios, la suspensión de la nueva regulación y la elaboración de un reglamento consensuado.
La Mesa de Trabajo funcionará dentro del Ministerio de Seguridad y estará integrada por funcionarios nacionales, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y referentes del sector de practicaje y pilotaje.
Mientras duren las negociaciones, volverán a tener vigencia las disposiciones anteriores que habían sido modificadas o eliminadas por el decreto suspendido.
La decisión tiene impacto directo sobre el comercio exterior y el transporte de la producción agroindustrial. Para el sur de Santa Fe, una región vinculada a la actividad agrícola y exportadora, la normalización portuaria resulta clave para evitar demoras logísticas y mayores costos en la cadena productiva.
