Redacción Canavese & AsocEl Gobierno de Santa Fe anunció que avanzará en el cobro de los operativos desplegados ante falsas amenazas en escuelas de la provincia. La medida fue confirmada luego de un fuerte aumento de denuncias por supuestos tiroteos, una situación que generó preocupación en la comunidad educativa.
Según indicaron las autoridades, solo el pasado viernes se registraron 65 llamados vinculados a este tipo de episodios en distintos puntos del territorio santafesino. Frente a ese escenario, el Ejecutivo provincial resolvió intimar a los responsables, y en algunos casos también a sus familias, para recuperar el gasto que generan estas intervenciones.
El ministro de Educación, José Goity, remarcó que este tipo de hechos “no son una broma de TikTok” y sostuvo que se trata de conductas tipificadas como delito. En ese marco, señaló que las consecuencias no solo alcanzan a los estudiantes involucrados, sean punibles o no, sino también a su entorno familiar.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó que un operativo básico ante una amenaza de este tipo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. Ese monto contempla combustible, movilidad y horas extras del personal afectado al procedimiento.
Además, el funcionario precisó que ya se firmó una instrucción para que, además de las acciones judiciales correspondientes, se impulse el recupero económico de esos gastos como resarcimiento por los daños ocasionados. “No queremos que lo paguen los santafesinos con sus impuestos”, sostuvo.
Desde el Gobierno también insistieron en que estos casos activan una serie de medidas judiciales y policiales que incluyen allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, detenciones y la intervención de la Fiscalía. En este sentido, advirtieron que una causa penal en el marco del sistema procesal juvenil puede dejar antecedentes y derivar en consecuencias a futuro.
Entre ellas, mencionaron dificultades para acceder a certificados de buena conducta, inconvenientes para viajar al exterior y, en situaciones extremas, medidas de institucionalización para menores. También confirmaron que actualmente hay personas mayores y menores detenidas a disposición de la Justicia por este tipo de amenazas.
En paralelo, uno de los casos recientes derivó en la detención de un adolescente de 16 años por amenazas enviadas a través de WhatsApp al Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, en la ciudad de Pérez.
La decisión oficial llega en medio de una creciente alarma por este tipo de hechos, que tomaron mayor visibilidad tras el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal. En este marco, la Provincia pidió a las familias que acompañen y concienticen a los jóvenes sobre la gravedad de estas acciones.
