SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Santa Fe lleva adelante una obra de infraestructura energética sin precedentes en Rosario y su área metropolitana. Con una inversión de $18.000 millones, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ejecuta el tendido de tres electroductos subterráneos de alta tensión que conectarán distintas estaciones transformadoras, beneficiando a más de 1,2 millones de personas.
La intervención contempla el soterramiento de cables de 132 kV en tres trazas: Sorrento-Ibarlucea, Sorrento-Bermúdez y Sorrento-Provincias Unidas. Actualmente se están desarrollando las tareas de ingeniería civil para el tendido de 3,2 kilómetros de cableado subterráneo.
El objetivo de esta obra es mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico, reducir las interrupciones y riesgos, responder a una mayor demanda energética y minimizar el impacto ambiental. La firma adjudicataria de la obra es Bauza Ingeniería S.R.L., responsable del suministro de los cables.
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que esta inversión responde a una administración que prioriza el orden y la transparencia: “Decidimos romper privilegios, ordenar la empresa y garantizar que cada peso que pagan los santafesinos vuelva en obras”.
Entre las medidas mencionadas, se incluyen la implementación de GPS en vehículos de la EPE, control logístico con YPF en Ruta, reducción de horas extras, ingreso de personal con sistemas biométricos y revisión integral de compras y licitaciones.
Por su parte, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó la importancia histórica del proyecto: “Esta obra completa la estación transformadora Sorrento, una inversión esperada hace más de 60 años. Hoy, Rosario y la región dan un salto hacia un sistema eléctrico moderno, seguro y sustentable”.
La inversión provincial en infraestructura energética ha mostrado un crecimiento exponencial: en 2023 se invirtieron $23.000 millones, en 2024 fueron $53.000 millones y para este 2025 se prevé una cifra récord de $120.000 millones, en el marco de una política pública centrada en la equidad energética, el desarrollo territorial y la modernización estatal.
