
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

En el gobierno de Macri impulsaron políticas para reducir la violencia de género y participaron en "Ni Una Menos". Hoy, alineados con la visión de Milei, rechazan estas iniciativas.
Política 03/02/2025
SOFIA ZANOTTI

En un giro político que ha generado debate, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) han pasado de ser figuras activas en la lucha contra los femicidios a criticar lo que denominan la "agenda woke". Durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019), ambos se mostraron comprometidos con la reducción de la violencia de género, con Bullrich liderando políticas que lograron una baja en los femicidios y Sturzenegger apoyando públicamente estas iniciativas. Sin embargo, en la actualidad, han adoptado una postura crítica hacia el feminismo y otras políticas de derechos humanos.
El cambio de posición quedó en evidencia tras la "Marcha Federal Antifascista y Antirracista" del pasado sábado, que entre sus consignas incluyó la defensa de los derechos de las mujeres. En respuesta, Sturzenegger afirmó: “Para toda ‘caja’ habrá un derecho”, mientras que Bullrich calificó la manifestación como una "farsa" organizada por sectores que "desprecian a la Argentina que trabaja y progresa".
Sin embargo, en el pasado su discurso era distinto. En noviembre de 2019, Bullrich presentó un informe en el que destacaba una reducción del 12,1% en los femicidios durante su gestión, resaltando la importancia de las políticas públicas en la materia. Además, en varias oportunidades se la vio participando en las marchas de "Ni Una Menos", acompañada por Sturzenegger.
El contraste entre su rol en la gestión de Macri y su actual alineamiento con la visión del presidente Javier Milei ha generado controversia, especialmente entre sectores que reivindican la continuidad de políticas de género en el Estado. Este giro discursivo deja en evidencia cómo la agenda política puede redefinir posturas y alianzas dentro del oficialismo.

La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

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