El Gobierno limita las medidas antidumping: nueva normativa busca reducir costos para consumidores e industria

La nueva normativa antidumping reduce la duración máxima de estas medidas a tres años, con una única extensión de dos años. El objetivo es evitar abusos que encarezcan productos e insumos esenciales.

Economía16 de enero de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno cambió las normas de antidumping

El Gobierno nacional anunció una importante modificación al régimen antidumping, con el objetivo de fomentar la competencia, reducir costos para los consumidores y evitar prórrogas indefinidas de medidas que en algunos casos llevan décadas vigentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que las nuevas disposiciones, publicadas en el Decreto 33/2025, establecen que las medidas antidumping tendrán una duración máxima de tres años, con la posibilidad de una única extensión de dos años adicionales. Este cambio reemplaza el sistema anterior, que permitía renovaciones ilimitadas.

“El objetivo es evitar abusos que impactan en los precios finales para consumidores e insumos industriales. Con esta reforma, buscamos un comercio exterior más transparente y equilibrado”, afirmó Caputo.

El funcionario detalló ejemplos emblemáticos: productos como bicicletas, planchas eléctricas y calefactores han mantenido medidas antidumping por más de 20 años, lo que ha llevado a precios desproporcionados respecto de mercados internacionales. Por ejemplo, las planchas eléctricas superan los $100.000 en Argentina, mientras que en Europa cuestan menos de la mitad.

La normativa también establece que las investigaciones previas a la implementación de estas medidas tendrán un plazo máximo de ocho meses, agilizando el proceso que antes podía extenderse hasta 12 meses. Además, simplifica los trámites al concentrar la documentación en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, evitando duplicaciones en dependencias gubernamentales.

En la nueva regulación, participarán la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, para garantizar que las decisiones tengan en cuenta el interés público y el de los consumidores.

Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la protección de la industria nacional con la necesidad de ofrecer precios más competitivos para productos e insumos importados.

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