SOFIA ZANOTTI
En una resolución histórica, la Cámara Federal porteña ordenó que Mario Firmenich, exlíder de Montoneros, sea citado a indagatoria como principal responsable del atentado perpetrado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976. El ataque, considerado el más sangriento de la organización, dejó un saldo de 24 muertos y 60 heridos.
Un caso sin precedentes en la justicia argentina
El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, declaró que el atentado no está prescripto al tratarse de una "grave violación a los derechos humanos". Esta decisión marca un giro en la jurisprudencia, al sostener que el Estado argentino tiene la obligación de investigar y reparar a las víctimas de este crimen.
“El suceso nunca fue mínimamente investigado por el Estado. Es imprescindible impulsar la acción penal con el vigor que corresponde para dar respuesta a los derechos de las víctimas”, afirmaron los magistrados.
Contexto histórico y judicial
El ataque ocurrió en plena dictadura militar, cuando una bomba explotó en el comedor de la Policía Federal, en la calle Moreno 1431 de la Ciudad de Buenos Aires. Montoneros se atribuyó el hecho mediante comunicados posteriores, que fueron publicados en su revista "Estrella Federal".
La causa, abierta a instancias de organizaciones civiles y abogados en 2021, busca esclarecer las responsabilidades de Firmenich y otros miembros de la cúpula de Montoneros. Entre ellos, Horacio Verbitsky y Lila Pastoriza, quienes también fueron incluidos en el proceso judicial tras la revocación de sus sobreseimientos.
Un fallo con impacto político y jurídico
Los jueces subrayaron que la investigación del atentado no pretende justificar ni equilibrar las atrocidades cometidas durante la dictadura, sino garantizar justicia para todas las víctimas. Además, destacaron que el caso tiene una "siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte", comparándolo con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.
La resolución abre un camino inédito para juzgar crímenes cometidos por actores no estatales durante la década de los 70. Sin embargo, la defensa de Firmenich, quien reside en España y colabora con el gobierno de Nicaragua, podría apelar la medida.
