GASTON PAROLA
La investigación contra Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares no declarados, avanza a pasos firmes. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó al Senado el desafuero y expulsión del exsenador, logrando que se aprobara por amplia mayoría.
En este marco, la jueza ordenó el allanamiento del despacho que Kueider ocupaba en el Senado, clave para obtener pruebas sobre el presunto cobro de sobornos cuando dirigía la empresa estatal Enersa. Sin embargo, la entrada al despacho depende de la autorización del cuerpo legislativo, que podría ser firmada esta semana por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Mientras tanto, Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay, donde busca evitar la extradición. La justicia paraguaya podría liberarlo o priorizar juzgarlo allí antes de que sea trasladado a Argentina. Según fuentes cercanas, el proceso requiere una coordinación entre ambas naciones para definir su futuro judicial.
El caso pone en el centro del debate la colaboración internacional y los mecanismos para combatir la corrupción política, dejando abierta la incógnita sobre el destino final de Kueider y las pruebas que podrían hallarse en su despacho.
