Confirmada la condena a Cristina Kirchner: 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua

En un fallo histórico, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, por administración fraudulenta en el marco del escandaloso caso de la obra pública en Santa Cruz. Este caso involucra la adjudicación de obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien también recibió una condena de seis años de prisión.

La Sala IV de Casación, en una sentencia que abarca más de 1600 páginas, también ratificó las condenas a otros implicados, como el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y varios otros ex funcionarios del gobierno nacional. Sin embargo, la corte descartó la solicitud de la Fiscalía de añadir el cargo de asociación ilícita a la ex mandataria, aunque uno de los jueces, Gustavo Hornos, votó a favor de sumarlo.

El fallo fue leído en audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py y fue emitido por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. A pesar de que la sentencia fue confirmada, no tendrá efectos inmediatos, ya que todas las partes tienen la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. De ser ratificada por la Corte, la sentencia se ejecutaría de manera definitiva.

En cuanto a la restitución económica, la sentencia también homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, un monto que refleja el perjuicio económico a la administración pública derivado de las irregularidades cometidas en la asignación de contratos de obras viales entre 2003 y 2015.

La causa se originó por la sistemática adjudicación irregular de licitaciones de obras públicas a empresas vinculadas a Báez, un grupo empresarial que experimentó un crecimiento económico notable, directamente relacionado con la obra pública asignada en Santa Cruz. La maniobra fraudulenta perjudicó gravemente las finanzas públicas y fue facilitada por varios actos de gobierno, incluida la firma de un decreto que permitió financiar las obras directamente a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

El fallo definitivo quedará a cargo de la Corte Suprema, la cual decidirá en los próximos días si mantiene o modifica la sentencia emitida por la Cámara de Casación.