Se trata de domicilios ubicados en calle Misiones al 2100 y al 2200 de barrio Santa Lucía desde donde se pudo establecer que partieron los autores materiales de ambos crímenes ocurridos en marzo de este año.
Santa Fe18 de septiembre de 2024
LORENA ACOSTA
Dos viviendas que funcionaban como puntos de venta de drogas fueron derribadas en la mañana de este miércoles por orden judicial en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico aprobada a fines de 2023, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, y que fue parte del paquete de acciones que el Ejecutivo provincial propuso para atacar el delito y la violencia.
En este caso, los inmuebles estaban ubicados sobre calle Misiones al 2100 y al 2200, en barrio Santa Lucía, y de dichos domicilios se pudo establecer que partieron los autores de los homicidios del colectivero Marcos Daloia, quien fue atacado a tiros el pasado 7 de marzo, y del playero Bruno Bussanich, asesinado el 10 de marzo en un brutal ataque en su lugar de trabajo.
En el lugar de los derribos, el fiscal Franco Carbone recordó que “habíamos pedido judicialmente el derribo de estas dos instalaciones, pero la jueza había considerado que el delito podía cesar con la inactivación de los lugares. Sin embargo, luego de las medidas, ambos lugares fueron intrusados por personas que siguieron cometiendo delitos por lo que recurrimos nuevamente a la justicia a solicitar el derribo de ambas instalaciones”.
Indicadores en retroceso
Por su parte, el fiscal Patricio Saldutti señaló que ambos domicilios “fueron identificados como lugares donde se cometían delitos, principalmente el de Misiones al 2100 se identificó como el centro de operaciones o la base de la cual partieron los autores que cometieron el homicidio del colectivero Marcos Daloia y el domicilio de Misiones al 2200 cumplió los mismos fines para el homicidio del playero Bruno Bussanich”.
Vale recordar que ambos trabajadores fueron asesinados cuando se produjo la ola de narcoterrorismo de marzo pasado, como réplica de las bandas delictivas a las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno provincial, principalmente en las cárceles contra los jefes de narcos y sicarios. La situación de conmoción social, merced al trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, se pudo contener y revertir.
Por último, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, aseguró que “esta es una zona que históricamente tuvo una alta circulación de violencia” y a su vez indicó que “desde el Gobierno de Santa Fe los indicadores de violencia vienen en claro retroceso pero vamos a seguir a fondo con esta política, particularmente con el Ministerio Público de la Acusación, que hoy nos ha llevado a derribar 30 puntos de venta de drogas en toda la provincia, de los cuales 25 fueron en Rosario. Y la decisión es seguir avanzando para que la ciudad no vuelva a sufrir lo que le tocó vivir en los últimos años”, concluyó.
Ley de Microtráfico
Este tipo de operativos de derribo de bunkers que se da en el marco de la ley de Microtráfico comenzó a principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales. Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
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