GASTON PAROLA
La denuncia se fundamenta en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. Según la legislación, los funcionarios encargados de autorizar la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables debían supervisar la ubicación de los establecimientos, la identidad de los responsables y el número de personas atendidas. Sin embargo, ninguna de estas medidas se llevó a cabo.
En el documento se informa sobre la salida de toneladas de alimentos secos de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo. Estos productos eran cargados en camiones pertenecientes al organismo y luego entregados en almacenes de las organizaciones sociales afiliadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), muchas de las cuales tenían vínculos con el gobierno anterior de Alberto Fernández, así como con movimientos piqueteros en menor medida.
Sin embargo, es la primera vez que la Subsecretaría Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Daniela Gianni, proporciona nombres específicos de comedores “inexistentes”. Algunos de los ejemplos mencionados en la denuncia son: “Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”.
Según el documento, estos lugares “no están operativos”. Además, se señala que “las direcciones declaradas como supuestos comedores no existen”. Esto deja dudas sobre la labor por parte del ex Ministerio Social, que estuvo bajo la dirección de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz, junto con el ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.
El caso destacado en la denuncia es el del presunto comedor “Gauchito Gil”: al investigar su existencia, se descubrió que “en su ubicación real se encuentra un barrio privado”.
En el caso de “Sol de Barrio”, la dirección no pudo ser localizada, y los residentes afirman que nunca hubo un comedor funcionando allí. En otros casos, algunos lugares ni siquiera tienen nombres registrados, solo se los identifica por un número de expediente, pero incluso durante la inspección ocular se confirmó que tampoco existían.
De las auditorías se desprende que: “Solo se pudo relevar el 52,3% de la totalidad de los comedores”. El restante 47,7% no pudo ser relevado debido a que: el 32% ya no está en funcionamiento; el 25% de los datos de preinscripción no coinciden con la realidad (direcciones inexistentes o direcciones sin comedores/merenderos); y casi el 16% nunca tuvo un comedor/merendero operando en la dirección declarada”.
La denuncia argumenta que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
