El Gobierno aumenta 6% el recargo al gas: impacto directo en las facturas de los hogares
La suba regirá desde este 1° de abril y afectará a todos los usuarios residenciales. Es parte de la reestructuración de subsidios energéticos impulsada por el Ejecutivo.
El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este martes un aumento del 6% en el recargo correspondiente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. La medida fue dispuesta a través de la resolución 356/2025, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir de manera inmediata a partir del 1° de abril.
Este nuevo porcentaje se aplicará tanto a los volúmenes de gas natural comercializados como al autoconsumo, incidiendo directamente en el precio final que pagan los usuarios residenciales. En consecuencia, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del recargo por parte de las empresas distribuidoras.
La decisión se inscribe en el marco de la política de reestructuración del sistema de subsidios energéticos impulsada por el Gobierno nacional, que apunta a reemplazar el esquema de subsidios generalizados por uno más focalizado. Esta estrategia se enmarca, además, en el contexto de la emergencia energética y económica vigente, definida mediante los decretos 55/23, 70/23 y 1023/24.
El recargo está previsto en la ley 25.565, y puede alcanzar hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Según se explica en la resolución, el nuevo valor fue definido a partir de un análisis económico-financiero realizado por la Dirección Nacional de Economía y Regulación, que determinó una mayor necesidad de financiamiento para sostener el régimen de compensaciones que prevé el Fondo.
En términos prácticos, las comercializadoras deberán trasladar el recargo en su exacta proporción sobre el precio de compra del gas en el PIST. Para los casos de autoconsumo, el monto correspondiente deberá calcularse teniendo en cuenta el volumen consumido, el precio promedio ponderado de ventas de cada empresa y la alícuota del 6%.
La normativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y forma parte de una serie de medidas orientadas a ajustar las cuentas públicas en el rubro energético, en una coyuntura marcada por la revisión de subsidios y tarifas.
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