Gobierno y gremios estatales retoman paritarias: incertidumbre por miles de contratos en juego

En el penúltimo día de 2024, el gobierno nacional convocó a los gremios estatales para discutir la paritaria del sector en una reunión virtual programada para el mediodía. La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, en medio de reclamos por parte de los sindicatos, que calificaron el llamado como “tardío”.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa, señalando que “sin una oferta concreta de compensación por el deterioro salarial, esta convocatoria es solo una puesta en escena”. ATE sostiene que la pérdida del poder adquisitivo del sector ha alcanzado un 40% en el último año debido a la inflación acumulada, que alcanzó el 112% en noviembre.

El último acuerdo paritario, firmado el 31 de octubre, incluyó un aumento del 2% para noviembre y del 1% para diciembre, además de una suma fija de $30.000. Sin embargo, ATE firmó en disconformidad, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó los términos.

La reunión de hoy se da en un contexto de alta incertidumbre para los trabajadores del sector estatal, ya que más de 57.000 contratos vencen el 31 de diciembre y aún no se define cuántos serán renovados. Desde el oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, se han impulsado ajustes que ya implicaron la reducción de más de 35.000 empleos en el Estado desde diciembre pasado.

Particularmente tensa es la situación en el Ministerio de Justicia, donde se comunicó el despido de 2.400 trabajadores contratados bajo convenios con ACARA, afectando significativamente a la Secretaría de Derechos Humanos. Asimismo, en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 104 de sus 144 empleados no verán renovados sus contratos, en línea con las políticas de ajuste del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La paritaria también se enmarca en el enfrentamiento entre ATE y el Gobierno sobre los exámenes de idoneidad implementados en el sector público, los cuales el gremio demanda anular. “La estabilidad laboral debe ser un derecho y no un privilegio”, manifestó Aguiar, quien también lanzó fuertes críticas a la administración Milei, advirtiendo que el próximo año buscarán revertir los despidos y recuperar el poder adquisitivo.