Amplían la denuncia contra Caputo y Bausili por el oro del Banco Central
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones realizadas con reservas de oro de la entidad monetaria.
La presentación, conocida este lunes 19 de octubre, incluye un pedido de allanamiento a la sede del Banco Central y nuevas medidas destinadas a establecer las condiciones en las que se realizaron las transacciones.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la ampliación está vinculada con la posible participación de Deutsche Bank como contraparte en operaciones que, de acuerdo con observaciones atribuidas a la Auditoría General de la Nación (AGN), habrían ocasionado pérdidas por US$ 1.023 millones.
La cifra y la eventual intervención del banco internacional forman parte de los aspectos que requieren comprobación documental y judicial.
Qué documentación solicita el denunciante
Dalbón pidió que la Justicia disponga el allanamiento del Banco Central para acceder a servidores, correos institucionales, contratos y registros electrónicos relacionados con las operaciones investigadas.
El requerimiento comprende las comunicaciones de la presidencia y el Directorio del organismo, además de informes de riesgo, actas administrativas y registros de acceso o modificación de documentos.
El abogado sostiene que esa información resulta necesaria para determinar cómo fueron seleccionadas las entidades financieras participantes, qué costos tuvieron las operaciones y si existieron beneficios indebidos.
Por el momento, se trata de medidas solicitadas por la parte denunciante. La información disponible no permite establecer que hayan sido autorizadas por un juez.
El posible vínculo con Deutsche Bank
Otro de los puntos de la presentación se refiere a Deutsche Bank, entidad financiera en la que trabajaron anteriormente Caputo y Bausili.
Dalbón pretende que el banco informe si realizó operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y, en caso afirmativo, entregue los contratos correspondientes.
También solicita detalles sobre comisiones, honorarios, márgenes financieros, garantías y eventuales pagos a intermediarios.
El objetivo es reconstruir el procedimiento de contratación y determinar si existieron conflictos de intereses o irregularidades. La relación laboral previa de los funcionarios con esa entidad no constituye, por sí misma, una prueba de conducta ilícita.
La denuncia alcanza a otro funcionario
La ampliación también incorpora a Nicolás Ferro, identificado en la información original como subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del Banco Central.
En una presentación anterior, Dalbón había solicitado la detención de Caputo, Bausili y Juan Curutchet, por presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esas imputaciones corresponden a la denuncia y no implican que los funcionarios hayan sido declarados responsables.
La respuesta oficial y los próximos pasos
En medio de la controversia, el Gobierno defendió la actuación del Banco Central y cuestionó las observaciones de la AGN, al considerar que existe una politización del debate.
Esa posición contrasta con los planteos del denunciante, que reclama acceso a la documentación para establecer el alcance económico y administrativo de las operaciones.
La definición sobre las medidas de prueba quedará en manos de la Justicia. Entre los aspectos pendientes se encuentran la identificación de las contrapartes, la evaluación de los costos y la determinación de eventuales responsabilidades.
Por ahora, no hay información en la fuente consultada que confirme una orden de allanamiento, una detención o una resolución judicial sobre el fondo de la denuncia.