El nuevo retiro voluntario genera diferencias dentro del Gobierno de Milei
El Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva etapa de reducción del empleo público nacional mediante la implementación de un régimen de retiro voluntario. La medida, anunciada a través del Decreto 1203/2026, genera diferencias dentro del propio oficialismo, donde algunos funcionarios expresan preocupación por las consecuencias que podría tener una nueva disminución de personal.
Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), los cuestionamientos surgieron en ministerios y organismos que ya atravesaron sucesivas reducciones de sus plantillas desde diciembre de 2023.
La discusión se produce en un contexto en el que la administración nacional busca disminuir el gasto público y reorganizar su estructura, mientras distintas dependencias deben mantener sus funciones con menos trabajadores.
Un nuevo régimen para reducir la planta estatal
El decreto citado por NA establece un régimen de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la autoridad encargada de su aplicación.
Además, la normativa contempla la posibilidad de extender por única vez el plazo de adhesión, por un período máximo de 30 días corridos.
Otro punto es que los cargos presupuestarios correspondientes a quienes accedan al retiro deberán eliminarse una vez finalizada la relación laboral.
Las diferencias que aparecen dentro del oficialismo
De acuerdo con el relevamiento periodístico de NA, las primeras etapas de reducción de personal contaron con mayor respaldo entre funcionarios del Gobierno.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos relacionados con la disponibilidad de recursos humanos y las remuneraciones de los empleados que permanecieron en sus puestos.
Una exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, citada por la agencia, cuestionó los niveles salariales y señaló: “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”.
La publicación sostiene que algunos responsables de organismos consideran que nuevas desvinculaciones podrían profundizar dificultades operativas.
Estas diferencias internas corresponden a testimonios recogidos por NA y no constituyen una posición oficial de los ministerios involucrados.
Más de 74.000 puestos menos desde 2023
La reducción de la dotación estatal constituye uno de los principales antecedentes de la medida.
Según cifras atribuidas por NA al INDEC, la administración pública nacional, las empresas y sociedades estatales contaban con 269.025 trabajadores en agosto de 2026.
La cifra representa una disminución acumulada superior a 74.000 puestos respecto de diciembre de 2023.
Desde el Gobierno nacional, la política de reducción del Estado forma parte de su programa de reorganización administrativa y contención del gasto público.
Por otro lado, los cuestionamientos recogidos por la agencia apuntan a las posibles consecuencias de continuar reduciendo personal en dependencias que ya registraron desvinculaciones.
Qué puede ocurrir con la nueva medida
La implementación del régimen abrirá una nueva etapa para los trabajadores alcanzados, que deberán evaluar las condiciones de adhesión previstas en la normativa.
Al mismo tiempo, las autoridades de cada organismo tendrán que determinar cómo reorganizar sus tareas ante eventuales nuevas bajas.
El alcance definitivo de la medida dependerá de la cantidad de empleados que soliciten el retiro y de las decisiones administrativas que se adopten posteriormente.
Por el momento, no se informó en la fuente una estimación oficial sobre cuántos trabajadores podrían adherirse al programa.