EE.UU. Interviene en el Caso de Expropiación de YPF: Jueza Preska bajo la Lupa
El Departamento de Justicia estadounidense solicita a la jueza Loretta Preska que desestime la demanda de Burford Capital por las acciones de YPF, en un contexto de condena a Argentina que supera los USD 16.000 millones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un escrito este martes a favor de la Argentina en el caso de la expropiación de YPF, pidiendo a la jueza Loretta Preska que no considere la solicitud de Burford Capital, que busca quedarse con las acciones de la petrolera nacional. Este desarrollo se produce en el contexto de un fallo anterior que condenó a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012 durante el mandato de Cristina Kirchner.
En el documento, el fiscal Damian Williams sostiene que otorgar la orden de "rotación" de las acciones demandadas violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. El escrito, que consta de diez páginas, argumenta que el gobierno estadounidense históricamente ha considerado que sus jueces no tienen competencia para ejecutar acciones de estados extranjeros, subrayando que las de YPF están registradas en Argentina y no cotizan en Nueva York.
El respaldo del Departamento de Justicia se produce en un momento crucial, dado el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, lo que añade un nuevo matiz a las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sebastián Soler, especialista en el caso, explicó que permitir la solicitud de Burford podría sentar un precedente peligroso para la soberanía nacional argentina.
A pesar de esta intervención, la situación sigue siendo compleja. Existen otros procesos legales en curso relacionados con la expropiación, incluyendo un pedido de Burford para que se reconozca un "alter ego" entre el Estado argentino e YPF, lo que complicaría aún más la situación para el gobierno argentino.
En un contexto más amplio, el diario Financial Times ha anunciado sobre un "tsunami" de juicios contra Argentina, que podría comprometer el programa económico del presidente Javier Milei. Este clima de litigiosidad pone de aliviar la presión creciente sobre el gobierno argentino para resolver estas controversias de manera efectiva.
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