Desalojo policial en las oficinas del Enacom en Rosario: Trabajadores denuncian falta de notificación previa de despidos
La Policía Federal desalojó a empleados del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en Rosario, quienes afirman no haber sido notificados previamente de los despidos, tras el cierre de delegaciones provinciales anunciado por el Gobierno.
Tras la inesperada acción policial en las oficinas del Enacom ubicadas en Córdoba al 700 en Rosario, alrededor de 30 trabajadores se vieron sorprendidos por la medida, denunciando que no recibieron notificación alguna sobre sus despidos. Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, relató que el desalojo se produjo apenas dos horas después de que los empleados ingresaran a sus puestos de trabajo, sin que mediara aviso previo.
Entre los afectados se encuentra Daniela Constantino, quien expresó su indignación por la falta de comunicación por parte de la institución: "La resolución de cierre de todas las oficinas del país desde el 1° de abril no fue notificada a los trabajadores. Hoy nos encontramos sin empleo, sin ningún tipo de aviso oficial". La medida gubernamental contempla el cierre de las delegaciones provinciales del Enacom y la concentración de sus funciones únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, dejando a cientos de empleados en la incertidumbre laboral.
Los trabajadores despedidos lamentan la situación, destacando la falta de consideración por parte del Estado en un contexto económico difícil. En tanto, representantes sindicales adelantaron que llevarán adelante acciones legales ante lo que consideran un acto injustificado e inconstitucional.
El Enacom, entidad encargada de regular las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual en el país, ha sido objeto de críticas por parte de los afectados y de diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionan la rapidez y el alcance del recorte impuesto por el Gobierno. Mientras tanto, los despedidos se enfrentan a un futuro incierto, mientras las autoridades disponen de un período de transición de 60 días para reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales afectadas.