El gremio de empleados públicos, liderado por Rodolfo Aguiar, ha anunciado un contundente plan de acción en respuesta a los recientes despidos masivos que han afectado a más de 11,000 trabajadores, según denuncias del sector.

Las acciones planeadas incluyen la ocupación de los lugares de trabajo por parte de los cesanteados, un paro total de actividades y manifestaciones callejeras. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha advertido que no permitirá la toma de edificios gubernamentales, mientras el sindicalista Aguiar lo responsabiliza por cualquier eventual represión.

ATE ha denunciado públicamente la oleada de despidos, calificándola como una violación del sistema jurídico argentino y advirtiendo que podría llevar a consecuencias legales para las autoridades. Además, han anunciado ingresos masivos y simultáneos a los distintos organismos estatales como parte de su estrategia de protesta.

Por otro lado, el Gobierno ha admitido la revisión de más de 70,000 contratos, de los cuales se esperaba la terminación de 15,000 antes y después de la Semana Santa. Esta situación ha generado incertidumbre y tensión en el sector público.