El diputado por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, se encuentra en el centro de la polémica luego de ser denunciado penalmente por su llamado público a no abonar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones del político, realizadas en diversas entrevistas periodísticas, han generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los líderes políticos en sus palabras.

La denuncia, presentada por la abogada Valeria Carreras, acusa a Espert de incitar a la población a cometer un delito, específicamente evadir el pago de impuestos, lo cual constituye un delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal. Esta normativa establece penas de entre dos y seis años de prisión para aquellos que públicamente instiguen a cometer un delito contra una persona o institución.

Las palabras del diputado Espert, en las que afirmó: “No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, han desatado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores políticos y sociales, quienes señalan que tales declaraciones pueden generar un clima de desobediencia civil y socavar la autoridad del Estado.

La denunciante, Valeria Carreras, destacó que los dichos de Espert no son inocentes y que, en un contexto de dificultades económicas, pueden influir negativamente en la recaudación fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectando así el funcionamiento del Estado y la capacidad de cumplir con sus obligaciones esenciales.

La situación planteada con la denuncia contra José Luis Espert pone sobre la mesa importantes cuestionamientos sobre el rol de los líderes políticos y la responsabilidad en sus discursos, así como los límites de la libertad de expresión en un contexto democrático.