El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no perdió tiempo y a horas de asumir, emitió los primeros diez decretos de su tercera gestión que frenan las políticas que llevó adelante Jair Bolsonaro.
 
El primero en firmar fue dejar sin efecto la política de flexibilización para la adquisición de armas por parte de la población civil que Bolsonaro implementó por el aumento de la violencia. También, tira abajo la autorización para la apertura de clubes de tiro hasta nueva reglamentación y redujo de seis a tres el número de armas que puede tener un civil en su casa.

El segundo, está relacionado a la extensión del recorte impositivo a los combustibles, que Bolsonaro había dispuesto como medida electoral sólo hasta el 31 de diciembre.

Tal como había anunciado durante la campaña y reafirmó en su discurso inaugural, Lula viabilizó el pago de R$600 de ayuda social a las familias pobres, que volverá a llamarse Bolsa Familia como en su primer mandato. El apoyo, obtenido en el marco de una enmienda constitucional que logró aprobar antes de su asunción con acuerdo del Congreso, implica un salario equivalente a 120 dólares (con un adicional de 30 dólares por hijo) para cada trabajador sin ingresos registrados.

Los decretos no habían sido publicados, pero fueron anunciados por la prensa presidencial apenas se dispuso, también mediante decreto, la reforma de la estructura de gobierno llevando el número de ministerios a 37.

En el lote de decretos que expresan la nueva orientación económica, Lula quitó a la petrolera Petrobras del lote de privatizaciones anunciadas por su antecesor. También fueron retiradas del plan de ventas la logística de Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), la red de medios públicos.

En educación, se derogó una norma que permitía escuelas especiales dirigidas sólo a estudiantes con discapacidad y otro que trata de la participación social en la discusión y elaboración de políticas públicas. Todo lo había anticipado en su primer discurso, donde el líder se comprometió a “responder a las esperanzas de un pueblo sufrido”.

Otra de las medidas rubricadas de urgencia fue el restablecimiento del Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania, que había sido despreciada por el gobierno de Bolsonaro, destinada al desarrollo productivo de las comunidades amazónicas.

En el primer día de su tercer mandato, además de poner en funciones al gabinete, Lula firmó la normativa que elimina los decretos con secretos de cien años que había dictado Bolsonaro sobre varios temas, entre ellas su libreta de vacunación y las visitas al Palacio del Planalto y el Palacio de la Alvorada (residencia oficial).