El fiscal general Martín Cárcamo formuló una acusación contra cinco mujeres por 594 presuntas estafas relacionadas con promesas de adjudicación de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia, Chubut. Según el requerimiento, las maniobras provocaron un perjuicio económico de al menos 59,4 millones de pesos. La Fiscalía solicitó avanzar hacia un juicio por jurados, aunque la presentación debe pasar por el control judicial antes de una eventual apertura del debate.
La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial Gustavo Fita, presidente del Partido Justicialista de Chubut. El Ministerio Público Fiscal le atribuye la organización de la maniobra y participación en los 594 hechos, y pide una pena de entre seis y ocho años de prisión.
De acuerdo con la acusación, los ofrecimientos se realizaron entre abril de 2023 y febrero de 2024, durante parte de la gestión de Mariano Arcioni y los primeros meses del gobierno de Ignacio Torres. Las familias recibían promesas de acceso a casas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Para ingresar a los supuestos planes, los interesados debían transferir 100.000 pesos. Según la investigación, se les indicaba que 80.000 pesos eran para el IPV y otros 20.000 para conexiones eléctricas, pero los pagos llegaban a cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas. La Fiscalía sostiene que Fita simulaba representar a una cooperativa y decía tener contactos con funcionarios provinciales para gestionar las adjudicaciones.
Después de pagar, las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde recibían supuestas fechas de entrega e indicaciones sobre documentación. También hubo reuniones presenciales en establecimientos de Comodoro Rivadavia. Según los testimonios incorporados a la causa, las entregas se postergaban con explicaciones sobre problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV.
Una de las denunciantes, Laura Verónica Alvarado, declaró que Fita les había asegurado en una reunión que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y de su secretaria. Ese relato integra la prueba testimonial presentada por la Fiscalía: no acredita que el exmandatario o su secretaria hayan participado de la maniobra.
El pedido fiscal también comprende a María Victoria Curán, a quien atribuye intervención en 400 hechos y para quien solicita entre cinco y seis años de prisión; Camila Lara Páez, por 320 hechos, con una pena solicitada de cuatro a cinco años; Lucía Lorena Miranda, por 130 hechos, de tres a cuatro años; y Gisela Belén Mansilla, por cuatro hechos, de uno a dos años.
La causa comenzó con una denuncia presentada por Omar Lattanzio en febrero de 2024, después de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas. Durante la investigación se formalizaron 179 denuncias penales. Para reconstruir las presuntas maniobras, la Fiscalía reunió transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, testimonios y documentación.
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