SOFIA ZANOTTIEl debate por el paquete de reformas de seguridad impulsado por el Gobierno de Santa Fe continúa sumando voces y posiciones. En las últimas horas, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, manifestó fuertes cuestionamientos al proyecto enviado a la Legislatura provincial y planteó su preocupación por posibles cambios en el funcionamiento del sistema procesal penal vigente.
Durante una entrevista brindada en el programa Democráticamente, Nanni sostuvo que la iniciativa podría significar un cambio profundo en principios que actualmente regulan la investigación penal en la provincia. Según expresó, tras revisar el texto en varias oportunidades encontró aspectos que, desde su perspectiva, generan preocupación jurídica e institucional.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó al equilibrio entre fiscales, jueces y defensores dentro del sistema judicial. El abogado señaló que el actual Código Procesal Penal fue diseñado para establecer límites y controles sobre el poder de investigación estatal, y consideró que la propuesta oficial podría ampliar facultades investigativas reduciendo algunas instancias de control judicial previo.
En ese marco, mencionó medidas como allanamientos, intervenciones de comunicaciones y acceso a dispositivos electrónicos, entendiendo que deberían continuar bajo una supervisión judicial estricta. Además, remarcó que las garantías constitucionales no deben interpretarse como beneficios destinados a personas acusadas de delitos, sino como derechos que protegen a todos los ciudadanos.
Por otro lado, Nanni recordó que el actual Código Procesal Penal fue resultado de un proceso de discusión técnica y académica que demandó varios años de trabajo antes de entrar en vigencia en 2014. En ese sentido, consideró que una reforma de gran magnitud requiere estudios, estadísticas y consensos amplios entre especialistas y sectores vinculados al ámbito judicial.
Aunque mantuvo una postura crítica hacia el proyecto, también reconoció algunos aspectos positivos, entre ellos la intención de ordenar mecanismos vinculados a recompensas e incentivos para investigaciones. Sin embargo, sostuvo que el núcleo central de la iniciativa debería atravesar un debate más amplio antes de avanzar legislativamente.
Finalmente, dejó una definición que resume su postura sobre la discusión actual: pidió reabrir el debate con especialistas y operadores judiciales, al considerar que cualquier modificación del sistema debe preservar los equilibrios institucionales construidos durante los últimos años.
