SOFIA ZANOTTIEl Senado de la Nación sesiona este viernes desde las 11 para tratar dos iniciativas centrales del temario de extraordinarias: la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil. El oficialismo busca convertir ambos proyectos en ley antes del discurso que el presidente brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.
Según el esquema acordado en labor parlamentaria, primero se debatirá la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y luego la ley que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aprobada recientemente por Diputados.
La reforma del Régimen Penal Juvenil establece un nuevo esquema de sanciones para adolescentes de entre 14 y 18 años. Para delitos graves, las penas podrían llegar hasta los 15 años de prisión, mientras que en casos de menor gravedad se priorizarán medidas socioeducativas y sanciones alternativas.
El proyecto dispone además que los menores no compartan lugares de detención con adultos y contempla programas de resocialización. Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión, y en aquellos con condenas de entre tres y diez años —si no hubo muerte o lesiones graves— se habilitan medidas no privativas de libertad.
La reforma laboral introduce modificaciones estructurales en el sistema de despidos, vacaciones, horas extras, negociación colectiva y derecho de huelga.
Entre los puntos centrales, se establece que las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y que solo una vez cada tres años deberán otorgarse en temporada de verano. Además, se habilita un sistema de compensación horaria: si un trabajador extiende su jornada hasta 12 horas —con 12 horas obligatorias de descanso— esas horas podrán compensarse con reducción en otra fecha.
En materia de despidos, la indemnización se calculará sobre el salario básico promedio de la actividad, sin incluir aguinaldo ni otros adicionales. También se permitirá el pago en cuotas: hasta 12 en grandes empresas y hasta 18 en pymes.
Respecto al derecho de huelga, se declaran nuevas actividades como “servicios esenciales” y “servicios trascendentales”, lo que obliga a garantizar coberturas mínimas del 75% y 50%, respectivamente, durante una medida de fuerza.
El oficialismo llega con respaldo de gobernadores aliados y bloques dialoguistas, tras semanas de negociaciones encabezadas por la mesa política del Gobierno. No obstante, el tratamiento acelerado generó cuestionamientos de sectores opositores.
La sesión se perfila como el cierre político del período extraordinario, en un contexto de alta tensión sindical y con la CGT anunciando movilizaciones y acciones judiciales contra la reforma laboral.
