Con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, la comisión de Legislación Penal dio luz verde a la modificación del Régimen Penal Juvenil. La oposición y organismos de derechos humanos advierten un retroceso en materia de garantías.
Política 06/05/2025
GASTON PAROLA
Este martes, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable al proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, en el marco de una reforma al Régimen Penal Juvenil impulsada por el Gobierno nacional.
La iniciativa, respaldada por los bloques de PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal, logró la mayoría necesaria para avanzar hacia el tratamiento en el recinto, previsto para las próximas semanas. Según el dictamen, la imputabilidad se aplicaría únicamente en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones y robos con armas.
El debate estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas y sociales. Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y referentes de organismos de derechos humanos rechazaron el proyecto al considerarlo una medida punitivista que no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil, como la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a la educación.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la propuesta como una respuesta a la creciente preocupación social por delitos cometidos por menores y aseguraron que la reforma contempla un régimen especial con garantías procesales y acompañamiento interdisciplinario para los adolescentes.
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Organismos como el CELS, UNICEF y Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron públicamente su preocupación por el avance del proyecto, advirtiendo que la baja en la edad de imputación contradice recomendaciones internacionales en materia de derechos de la niñez.
El proyecto todavía debe superar el debate en la Cámara baja y, en caso de ser aprobado, pasará al Senado. Mientras tanto, crece la expectativa y también la polémica en torno a una reforma que podría marcar un antes y un después en la justicia penal juvenil en Argentina.
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