SOFIA ZANOTTI
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatió este miércoles el proyecto de ley de Ficha Limpia, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene como objetivo impedir que personas con condena doble por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos o desempeñarse en la administración pública nacional.
Durante la sesión, que fue más breve de lo previsto, se alcanzó el dictamen necesario que permitirá debatir la iniciativa en el recinto, aunque ya no dentro del período de sesiones extraordinarias, sino en las ordinarias. El documento recibió el respaldo de once senadores: Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Flavio Fama, Eduardo Vischi, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Carolina Losada, Juan Carlos Pagotto, Mónica Esther Silva y Rodolfo Suárez.
El debate no estuvo exento de tensiones. Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del interbloque Unión por la Patria (UP), preguntó si algún representante del Poder Ejecutivo participaría de la sesión, dado que el proyecto fue impulsado por el Gobierno. Además, solicitó incluir otros delitos, como narcotráfico, lesa humanidad y pedofilia. Sin embargo, no recibió respuestas claras al respecto.
El sector kirchnerista del bloque peronista denunció que la medida podría buscar impedir la participación de Cristina Fernández de Kirchner en futuras elecciones. “Este proyecto no busca limpiar la política, busca proscribir a determinados actores políticos de la Argentina”, expresó el senador Mariano Recalde. Por su parte, Florencia López criticó que el presidente estuviera involucrado en una polémica por criptomonedas, mientras el Gobierno promovía esta ley.
Desde el oficialismo y la oposición, en cambio, defendieron la propuesta. Luis Juez, senador cordobés del PRO, recordó que cuando el proyecto se presentó por primera vez, Cristina Fernández de Kirchner “ni siquiera estaba imputada”. En la misma línea, los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama, Pablo Blanco y Carolina Losada respaldaron la necesidad de avanzar con la iniciativa.
Con el dictamen firmado, el proyecto está listo para ser tratado en la Cámara alta, aunque aún no hay una fecha confirmada para su debate. Si se sanciona, quedarán inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos como fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento.
