
"Mal día para mandriles": el Gobierno celebró la baja de la pobreza al 38,1% y criticó a la anterior gestión
"Este es el primer Gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza", sostuvo la Oficina del Presidente.
Los efectivos, que prestaban servicio en Ituzaingó y Tres de Febrero, fueron acusados de abandonar sus funciones para exigir mejoras salariales, una acción prohibida por la ley. La medida se produjo tras el anuncio de un aumento del 9% para los empleados estatales, que incluye a la Policía.
Política 19/02/2025El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de cesantear y denunciar penalmente a 18 integrantes de la Policía Bonaerense por el delito de sedición. Los efectivos, asignados a los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero, fueron acusados de incumplimiento de funciones al participar en una protesta para exigir mejoras salariales, una acción que la Constitución prohíbe para las fuerzas de seguridad.
La medida se días producida después de que el gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, anunciara un incremento salarial del 9% para los empleados estatales, que incluye a los miembros de la Policía Bonaerense. El aumento se dividirá en un 7% para febrero y un 2% para marzo. Además, la suba impactará en la compensación por uniforme y en el monto del servicio de Policía Adicional (Polad), destinado a los agentes que trabajan durante sus días de franco.
“Los echamos de la fuerza y los denunciamos penalmente. Están en graves problemas, y esta medida se aplicará a cualquiera que promueva o participe en una sublevación. La Policía sabe que no puede accionar de esta manera, ya que va en contra de la Constitución”, declararon voceros del Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso.
El malestar en algunos sectores de la fuerza no es nuevo y suele organizarse a través de redes sociales. Desde esos canales, circula un petitorio con 13 demandas, entre las que se destacan: un aumento del 100% en el salario básico, mejoras en la prestación de IOMA y acuerdos con clínicas privadas, así como la garantía de trabajar en un radio de 50 kilómetros del domicilio del agente.
El episodio recuerda la protesta de septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando aproximadamente 1.200 policías participaron en una revuelta que incluyó manifestaciones frente a la residencia de Kicillof en La Plata y en la Quinta de Olivos. En ese entonces, el gobierno nacional, para desactivar la protesta, anunció la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió otorgar aumentos salariales a la Policía.
“Cuando detectamos que un policía actúa fuera de la ley, lo echamos. Tras la protesta de 2020, los 1.200 efectivos que participaron fueron desvinculados de la fuerza”, subrayaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.
En comparación, el incremento salarial otorgado a la Policía Bonaerense supera el aumento del 5% dispuesto por el gobierno nacional para las fuerzas de seguridad federales, como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Además, en el ámbito nacional, se equipararon los sueldos del Servicio Penitenciario Federal con los del resto de las fuerzas para eliminar disparidades arbitrarias, según informó el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich.
"Este es el primer Gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza", sostuvo la Oficina del Presidente.
La exposición la hará su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de buscar la absolución.
El Gobierno intenta ordenar el frente político y fortalecer relaciones con EE.UU. en medio de la incertidumbre financiera
El presidente respaldó a la secretaria general de la Presidencia luego de los cuestionamientos del expresidente sobre la toma de decisiones en La Libertad Avanza.
A partir de abril, el Gobierno de Santa Fe implementará una medida que beneficiará a más de 105.000 jubilados y pensionados provinciales, garantizando que no destinen más del 5% de su ingreso a la compra de medicamentos.
Si no se toma una nueva medida, los legisladores de la Cámara alta pasarían a cobrar 9 millones de pesos mensuales, tras la finalización del congelamiento decretado por Victoria Villarruel.