La ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, enfrenta una solicitud de condena a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por parte del fiscal Omar Rodríguez, quien la acusa de fraude a la administración pública y exacciones ilegales. El caso, conocido como “Ñoquis calientes”, involucra a funcionarios públicos que cobraban sueldos sin desempeñar funciones reales.
Política 08 de enero de 2025
SOFIA ZANOTTI
Durante una audiencia de cesura, el fiscal Rodríguez argumentó que Torres Otarola utilizó su cargo para obtener un “rédito propio” al nombrar empleados fantasma y cobrar parte de sus sueldos. Entre los testimonios clave se encuentra el del contador Martín Sandoval, quien denunció que la ex ministra le exigió una porción de su salario, así como a otros asesores designados.
Rodríguez subrayó que las acciones de la ex funcionaria causaron un daño material y moral significativo, afectando la confianza en las instituciones públicas. Por ello, además de la pena de prisión, solicitó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución de $1.915.154 en fondos estatales actualizados.
La defensa de Torres Otarola, encabezada por el abogado Romano Cominetti, pidió una pena condicional menor a tres años, argumentando que su clienta no posee antecedentes penales y ha sido víctima de violencia de género. Además, ofreció la entrega de armazones de anteojos obtenidos mediante un canje como reparación simbólica.
En tanto, para los otros involucrados, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Retro Trelles, la Fiscalía solicitó una condena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y la devolución de los montos cobrados. La sentencia final será dictada en febrero, tras la feria judicial.
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