SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional enfrenta un escenario de tensión política en el cierre del año legislativo. A solo días de finalizar las sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre, la falta de consenso con los gobernadores por el Presupuesto 2025 pone en jaque la relación entre el Ejecutivo y las provincias. La Casa Rosada ha rechazado atender demandas sobre fondos coparticipables, impuestos y obras públicas, pero tampoco descarta llamar a sesiones extraordinarias para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un proyecto que busca ahorrar cerca de $3.700 millones.
Los gobernadores, divididos entre oficialismo y oposición, presionan para obtener recursos y discutir temas prioritarios para sus provincias. En este contexto, mandatarios de Juntos por el Cambio planean rechazar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la deuda para forzar negociaciones por el Presupuesto. La oposición también exige reuniones con figuras clave del Gobierno como Guillermo Francos y Santiago Caputo.
El Presidente, por su parte, ha delegado estas negociaciones en su equipo de confianza y se mantiene enfocado en la agenda internacional, mientras las provincias evalúan estrategias para obtener respuestas concretas del Ejecutivo. Si bien la falta de consenso parece inamovible, el proyecto de reforma electoral podría convertirse en el único punto de debate en sesiones extraordinarias, dejando el Presupuesto 2025 en un limbo político.
