SOFIA ZANOTTI
Balcarce 50 en modo estratégico
En un contexto de tensión política y económica, el Ejecutivo nacional endurece su postura frente a los reclamos de los mandatarios provinciales y anticipa una nueva prórroga del Presupuesto 2023. Según fuentes oficiales, las demandas de las provincias sumarían $3700 millones al déficit fiscal, lo que, aseguran, "no es viable" para las arcas del Estado.
El principal punto de conflicto radica en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, el financiamiento de cajas jubilatorias y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, entre otros reclamos que, en total, superan los $816.000 millones. Mientras tanto, sectores cercanos al presidente Javier Milei consideran la prórroga como una herramienta clave para mantener el control discrecional de los fondos, evitando mayores trabas legislativas.
La planificación sigue sin presupuesto formal
En paralelo, áreas del Gobierno ya trabajan en la planificación de programas para 2025, anticipando un escenario donde los techos presupuestarios actuales no sean aplicables. La Secretaría de Hacienda, liderada por Carlos Guberman, es la encargada de gestionar las partidas, en medio de reuniones estratégicas con asesores clave.
La falta de acuerdo con las provincias podría empujar al oficialismo a convocar sesiones extraordinarias en el Congreso, pero solo si se alcanzan consensos antes del 30 de noviembre, fecha límite del período ordinario. Por ahora, la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, presidida por José Luis Espert, mantiene en suspenso su agenda.
