Liberaron un preso en Melincué para hacer trámites en Venado Tuerto

Kevin P., acusado de intentar asesinar a un hombre en una disputa por un perro, fue liberado temporalmente para realizar un trámite bancario en Venado Tuerto, sin el conocimiento de la fiscalía ni el juez. Este hecho genera una gran controversia y pone en cuestión el protocolo de liberaciones judiciales.

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Un insólito suceso ha sacudido la tranquilidad de Venado Tuerto y la región, luego de que Kevin P., de 31 años, acusado de apuñalar a Juan Carlos Salinas en una violenta discusión por un perro, fuera autorizado a salir de la Alcaidía de Melincué para realizar un trámite bancario en Venado Tuerto. Lo más sorprendente es que este permiso no fue informado a las autoridades judiciales, lo que ha provocado una serie de reacciones y cuestionamientos legales.

El incidente ocurrió el martes, cuando se permitió a Kevin P. viajar acompañado de custodia policial para realizar un trámite en una entidad bancaria local. Sin embargo, fue fotografiado por testigos en la fila del banco, lo que alertó a varios vecinos y, posteriormente, a las autoridades judiciales, quienes desconocían esta autorización. La abogada querellante, Ana María Regidor, expresó su preocupación sobre el procedimiento y ya ha solicitado explicaciones al poder judicial, cuestionando la legalidad de la medida tomada.

Este hecho ha sido calificado por algunos como "polémico" y por otros como un "escándalo", especialmente considerando que el detenido está imputado por "homicidio en grado de tentativa", tras apuñalar a Salinas el pasado 7 de noviembre. El incidente se originó por una discusión relacionada con un perro, y el agresor había amenazado a la víctima con disparos antes de los hechos de violencia que derivaron en la apuñaladura.

Según el protocolo judicial, los presos pueden recibir permisos extraordinarios por razones de salud o para asistir a un funeral, pero no existe claridad sobre si estos permisos incluyen gestiones personales como trámites bancarios. La situación se complica aún más por la falta de notificación a las autoridades competentes, ya que la fiscal Mayra Vuletic, el juez Adrián Godoy y la oficina de Gestión Judicial no estaban al tanto del permiso otorgado.

A medida que el caso sigue desarrollándose, se esperan nuevos avances legales que determinen si esta liberación fue un procedimiento legal legítimo o si se trató de una irregularidad.

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