El proceso de privatización de Intercargo sigue su curso con la intención de tener los pliegos listos antes de cerrar el 2024. Este servicio clave en los aeropuertos del país podría ser transferido a manos privadas en el corto plazo.
Política 19 de noviembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
En medio de una serie de movimientos estratégicos, el Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de Intercargo, la empresa encargada de servicios clave en los aeropuertos nacionales. Fuentes oficiales confirmaron que se está trabajando en la definición de los pliegos para licitar la empresa, con la intención de tenerlos listos antes de fin de año.
Intercargo se encarga de una amplia gama de servicios en 21 de los principales aeropuertos del país, tales como el remolque de aviones, la carga y descarga de equipaje, la limpieza de aeronaves, y la provisión de energía eléctrica, agua potable, y desagote de baños. La privatización de esta compañía es una de las muchas iniciativas impulsadas por el presidente Milei, quien ha hecho de la reducción del tamaño del Estado una prioridad.
En cuanto al modelo de privatización, las autoridades están considerando diversas opciones, entre ellas la posibilidad de una licitación internacional y la venta por puntos de interés. Según los datos más recientes, Intercargo registró un superávit financiero de $9.636 millones en el primer semestre de 2024 y contaba con 1.580 empleados.
Mientras tanto, el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas sigue siendo uno de los más complejos. La incertidumbre sobre el futuro de la compañía ha afectado las ventas de pasajes, particularmente en Uruguay, donde la venta de boletos ha caído drásticamente debido a los conflictos internos. Los gremios continúan luchando contra la privatización, mientras el gobierno mantiene firme su decisión.
En paralelo, otras empresas estatales como AYSA y Casa de Moneda también se encuentran en el centro del debate sobre privatización. A pesar de las críticas políticas y sindicales, el gobierno de Milei sigue adelante con su plan de transferir estas empresas a la iniciativa privada, buscando, según sus declaraciones, reducir los costos para el Estado y evitar que los subsidios nacionales se destinen a ciertos sectores.
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